Los programas de desarrollo rural europeos basan su futuro en la cooperación transnacional. La Iniciativa Leader, máximo exponente de un desarrollo desde abajo, de carácter participativo lleva años desarrollando este modelo con más o menos éxito. Hasta la fecha la cooperación transnacional estaba limitada a otras zonas rurales europeas, más o menos homogéneas. Un grupo de cuatro Grupos de Acción Local, dos madrileños (GALSINMA y ARACOVE) y dos castellano manchegos (PRODESE y SACAM) han abierto brecha y han conseguido abrir las líneas de cooperación a Colombia. Pero, ¿tiene sentido ampliar este espectro?, ¿realidades tan diferentes como la de Gachancipá y estas cuatro comarcas van a facilitar resultados útiles para todos?, ¿se van a poder reducir las diferencias entre lo rural y lo urbano?. Al fin y al cabo, la calidad de vida de unas y otras zonas es bien diferentes. Dentro de la Unión Europea la cooperación transnacional es fácil, pero los resultados algo dudosos en muchos casos. ¿Va a pasar lo mismo con Colombia o puede que sea al contrario?. El experimento está sobre la mesa y habrña que esperar resultados

Con este título, Supertramp lanzó al mercado uno de sus mejores álbumes. Es posible que muchos lectores no sean aficionados a este rock progresivo de los años setenta. Quizás tampoco conozcan a Fred Zinemman, que en su película El día del Chacal utilizó la misma terminología. Pero hoy su simbología podría ser visionaria. Como potenciales analistas, a la sombra del futuro agrario, lanzaron un mensaje encriptado, que ha sido asumido, sin saberlo, por muchos SuperZines de la política actual. Incluso, podríamos entrar en la letra de alguna canción; The meaning, donde de forma insistente, Supertramp reclama un significado, una respuesta. Si Dan Brown, limitado autor del popular Código Da Vinci, supiera algo de este sector, sin duda habría sacado al mercado otra novela cargada de empachosa simbología, aunque seguro no habría dado con la respuesta.

El sector del azúcar no vive un momento dulce. Ebro Puleva ha puesto sobre la mesa la alternativa de venta o de escisión con salida a bolsa del negocio azucarero. Los productores no han tardado en reaccionar. Acusan a la empresa de haberse aprovechado de ayudas públicas para ahora abandonar el barco. Es pronto para realizar un análisis en profundidad, pero se pueden entresacar algunas conclusiones. El incremento del beneficio de Ebro Puleva en un 0,2 por ciento el pasado año, junto a la caída en bolsa, es un dato preocupante para los accionistas. El negocio azucarero es solo una parte de su negocio total, que distorsiona sus cuentas y balances, lo que es un mal síntoma. Ebro Puleva mantuvo una posición negociadora exigente a la hora de cerrar los acuerdos de reducción de cuota con el sector productor y la administración. Esta posición le ha permitido mantener un volumen de negocio que aporta estabilidad a las operaciones que ahora se han planteado. No obstante, la perspectiva de futuro del negocio a medio plazo no es optimista, al menos para este tipo de empresa. Prueba de ello son las palabras de su Presidente al afirmar que no son garantes ni tutores del sector productor. Tan de Perogrullo, que sobra.

Pero el problema no es que se hayan beneficiado de ayudas públicas para mantener la producción, ya que tanto en el caso de venta como en el de escisión, los nuevos propietarios tendrán que asumir o que subrogarse en todas las obligaciones actuales. Lo que parece subyacer en esta operación es una desconfianza en el futuro del negocio y el interés en deshacerse de una actividad en un momento que todavía lo permite. La opción de venta a un grupo europeo que ya disponga de una importante gestión azucarera es comprensible, pero de efectos imprevisibles para los productores, aunque no a corto plazo. La escisión y salida a bolsa es más difícil de entender, por el riesgo que conlleva. Si bien su objetivo inmediato puede ser una capitalización rápida de la nueva empresa, se corre un importante riesgo de pérdida de valor, sobre todo con las dudas que ya existían sobre el futuro azucarero, acrecentadas por esta posible operación. En cualquier caso, es pronto para afirmar que la compra por algún grupo centroeuropeo sea perjudicial para el productor; aunque la preocupación por este nuevo cambio de escenario es más que razonable.

Semana calentita, los presuntos acuerdos de precios entre la industria han ocupado buena parte de la actualidad de este país. Algo que cuesta creer. Sí es cierto que en determinados momentos y sectores se han producido acuerdos de la industria para comprar a un precio determinado a los sufridos productores. Pero son casos puntuales, muy difíciles de demostrar y en ningún caso esta espacie de pacto global que ahora parece ha hecho todo el sector alimentario. Por supuesto, quienes hayan actuado de esta manera, posiblemente pocos, deben ser penalizados. Lo que sí sucede es que cuando suben los costes de producción más tarde o más temprano suben en destino y cuando los grandes toman estas decisiones, suelen ir detrás los medianos y los pequeños, algo que responde a la ley del mercado. Otra cuestión es que los productores suban sus precios de venta mucho menos que el precio en destino; pero es otro problema derivado de la larga cadena alimentaria, en algunos casos, que no en todos. Todo esto parece una cortina de humo que oculta el verdadero problema, que no es otro que la exorbitante subida de los costes de producción agrarios y la cada vez más limitada capacidad de dar estabilidad a los mercados alimentarios. Una consecuencia directa de la desarticulación de buena parte de la política agraria.

En plena campaña electoral, las propuestas agrarias de los dos principales partidos, han sido poco comentadas. Por una lado, el PSOE continúa con su cerrazón con el tema del agua, y cree que la desalación va a solucionar el problema del agro levantino. Sus promesas en la anterior campaña han sido incumplidas casi en su totalidad, así que la desconfianza es más que comprensible. Además, los costes de las desaladoras se han repercutido en el precio de la escasa agua obtenida. El PP dió un buen susto a buena parte del agro mediterráneo, cuando no se atrevió a anunciar que retomaría el trasvase, como tampoco lo hizo Miguel Arias Cañete en la Trilla de Punto Radio. Pecó de prudente, al entender que en este año de sequía era políticamente incorrecto mencionar el trasvase del Ebro. Al final tuvo que rectificar y reconocerlo, porque en este tema, hay que mojarse. Por otro lado, no se asusten los aragoneses ni catalanes. Los que hemos tenido oportunidad de analizar este proyecto, hemos comprobado como en épocas de escasez no se hará uso de este agua. Existen unos umbrales, bastante por encima del caudal ecológico, por debajo de los cuales el agua no se trasvasa.

En otro orden de cosas, el desacoplamiento total de las ayudas es una prioridad para el PP, con lo que busca facilitar la salida del sector a los productores menos rentables y consolidar a los más operativos. El PSOE no lo ve tan claro, dados los problemas sociales que estiman se pueden producir.

También está la controvertida y costosa Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. El PP apuesta por derogarla según llegue al gobierno y suplirla por una Secretaría de Estado. Una Ley que ha costado mucho conseguir, que en general ha sido bien recibida y que todavía no ha sido desarrollada. Lo que sin duda va a ser muy complejo dado que participan once ministerios. Una decisión radical que merecería una reconsideración, aunque eso sí, la Secretaría es sin duda, una buena estrategia que podría canalizar la eficacia y dotación de la Ley. El PP afirma que no está dotada con recursos presupuestarios y el PSOE que tiene reservada una financiación abundante y extraordinaria. ¿A quién creer?

Otro asunto es la futura Ley que regulará los transgénicos, propuesta por el PSOE. Según este partido, se basará en criterios ambientales y de salud. De Perogrullo, pero no se olviden de la economía. Esperemos que no se convierta en un argumento para los ecologistas más extremos que han conseguido dejar a la Unión Europea en la cola mundial de estas tecnologías. Habrá que confiar que predominen los criterios técnicos y científicos, en vez de los compromisos políticos que hasta la fecha, han ralentizado un desarrollo tan necesario como inevitable.

En definitiva, el PSOE, contra lo que dijo Rajoy en el último debate, no lo ha hecho tan mal, al menos en su política agraria, que no hay que olvidar se cocina en Bruselas. Sí es cierto que al principio de legislatura, mientras Moraleda estuvo al mando de la Secretaría General de Agricultura, las negociaciones en Bruselas fueron caóticas, rozando lo grotesco. Fue hace tres años. Rajoy tiene razón, pero sin perder la referencia temporal.

Los programas políticos agrarios de los dos grandes contendientes de las próximas elecciones están sobre la mesa. Mientras el PP apuesta por el desacoplamiento total de las ayudas, el PSOE continúa intentando estirar las ayudas acopladas. De forma simplificada, una prioridad social frente a una económica. El PP también propone la derogación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, recién aprobada por el PSOE a cambio de crear una Secretaría de Estado con rango de Ministerio. Dos enfoques muy diferentes para conseguir la coordinación transversal de una compleja política de desarrollo rural. Un planteamiento en todo caso llamativo. Es cierto que se trata de una Ley sin desarrollar y con fundamentales carencias presupuestarias. No lo es menos que ha sido muy demandada y muy compleja su articulación y que, con carácter general, ha sido bien recibida. En vez de deshacer el camino andado, parecería más sensato aprovechar la nueva Secretaría para coordinar fondos interministeriales que permitieran ser eficaz a esta joven norma.

Además el tema del agua, donde el PSOE continúa apostando por su política de desalación, frente al desarrollo de los trasvases por los que aboga el PP. Narbona y Palop, Ministra de Medio Ambiente y Director General de Agua, ya han anunciado que el trasvase es la última solución, pero mucho antes se restringirá el agua de riego. ¿No sería más razonable que la última solución fuera reducir la capacidad productiva del sector primario y, al menos, la penúltima, los trasvases? Difícil de entender. Por otro lado, tanto Mariano Rajoy como Miguel Arias Cañete, de forma sorprendente, se han negado a afirmar que retomarán el trasvase del Ebro, pero tampoco han dicho lo contrario. Políticamente, dada la sequía que vive este año esta cuenca, parece que no es oportuno mencionarlo. Pero hay que mojarse, y más en un tema tan delicado, tal como han hecho con contundencia hasta estas últimas semanas.

En este contexto, el PSOE presenta en su programa electoral la propuesta de una nueva Ley del Régimen Jurídico de los Organismos Genéticamente Modificados, en la que dará prioridad a la salud pública y al equilibrio medioambiental. Eso y nada es lo mismo, aunque preocupa. La salud pública y el equilibrio ambiental son factores que conforman el esqueleto de todos los estudios y análisis científicos requeridos en la UE para la autorización de estas semillas, así como para la comercialización de los alimentos de los que forman parte. Son los más estrictos y rigurosos a nivel mundial. Informes, por cierto, que son ignorados de forma reiterada en las instituciones europeas responsables de su aprobación; e incluso tergiversados, como acaba de suceder en Francia. Una afirmación, no del que suscribe, sino de los propios científicos que realizaron el informe y que dio lugar a las últimas decisiones prohibitivas de la vecina Francia. En definitiva, esa Ley difícilmente será más restrictiva que el modelo actual europeo. Una oferta antieconómica, pero sin duda, políticamente correcta. El “apellido” de esta propuesta hace sospechar una vuelta de tuerca en este asunto, más del corte del Ministerio de Medioambiente, dirigido por Narbona, que del actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con una línea conservacionista, pero sin perder la referencia socioeconómica. Prueba de ello es que a finales de 2007 el MAPA abogaba por un marco jurídico relativo a cultivos modificados genéticamente, sin imposiciones, basado en la preferencia de los propios consumidores. Es decir, la oportunidad de consumidores y agricultores de elegir, justo lo que defienden los que abogan por el desarrollo de estas tecnologías dentro del encapsulado espacio biotecnológico europeo.

Esta semana el Diario Independent ha publicado las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) percibidas en Reino Unido. Destacan los más de 550.000 euros que ha recibido en 2007 la Reina Isabel II y los más de 710.000 euros que han ido a engrosar las arcas del Duque de Westminster, considerado la persona más rica de Inglaterra. El sector agrario lleva demasiadas batallas perdidas en la justificación de una política que tiene mucho sentido. Pero no solo hay que ser la mujer del Cesar sino parecerlo. El mundo agrario, sin duda es la mujer del Cesar, pero más claro todavía es lo poco que lo aparenta. Casos como éste no ayudan nada. Pero que no haya confusión. Cualquier rico hacendado tiene el derecho y, es más, la obligación de percibir las ayudas PAC. Hoy por hoy, el sector agrario europeo, de calidad contrastada y regulada, con normas rígidas de bienesatar animal, con estrictos requisitos sociolaborales, con sistemas de control exhaustivos, es sin duda mucho más costoso que el de otras muchas economía menos desarrolladas y menos exigentes con la calidad y la salubridad. Eso hay que pagarlo. Si no fuera así, las grandes empresas agrarias de estos terratenientes dejarían de funcionar, con todos lo costes sociales y económicos que ello genera no solo para el titular, sino para los cientos y miles de trabajadores. Eso sin contar, que llevado al extremo, supondría un desabastecimiento de alimentos con máxima garantía de calidad.

Caso aparte es el de la Reina Isabel II. Un terrateniente vive de lo que ha heredado, de su gestión y de lo que gana, aunque sea mucho. La realeza tiene otra forma de ganarse la vida y, por supuesto, otro fin en la sociedad. También, otra forma de obtener ingresos alejada de los criterios mercantiles, que proviene de los presupuestos nacionales, que salen de los bolsillos del ciudadano.

Para terminar, otra gran paradoja: los ingleses son los mayores detractores de la política común europea y, en particular de la agraria. ¿Será por esto?

Como en una comunidad mal avenida, esta semana han vuelto los problemas, tanto con nuestros vecinos del norte como con los del sur. Con los agricultores galos, porque tienen la mala costumbre de resolver sus problemas volcando camiones españoles. Algo inadmisible en una Europa de libre circulación en pleno siglo XXI. Bien es cierto que ya no es una práctica demasiado extendida, pero no lo es menos que se repite con cierta frecuencia ante la indiferencia de casi todos. Quizás si se endurecieran las sanciones para estos vándalos primarios, se lo pensarían dos veces antes de atacar a unos intereses españoles, que no siempre van sobre ruedas. Por otro lado, el tomate marroquí vuelve a hacer de las suyas. Este año parece que no han superado sus contingentes, pero quedan muchas dudas sobre si han respetado los aranceles, prueba de ello son las oportunas consultas y gestiones realizadas por el gobierno español. Pero que quede bien claro, a pesar de los habituales incumplimientos de los productores y exportadores marroquíes, los agricultores españoles no se lanzan contra sus camiones como vándalos descerebrados. Si es que nos falta el glamour francés o, una simple cuestión de estilo

Entre tanto debate sobre precios, crisis del sector, acciones de promoción de consumo, encarecimiento de los inputs o escasez de agua, el sector agrario se encuentra con un problema no nuevo, pero sí creciente. Se trata del robo en explotaciones agrarias. La ubicación aislada de las explotaciones, de los sistemas de riego o de los grupos electrógenos, entre otros, favorece el trabajo de los delincuentes, que han visto un filón, con poco riesgo. El precio del cobre, cada vez más elevado es además una golosina a la que no se pueden resistir. El sector ha llegado hasta a organizar cuadrillas de vigilancia, pero el territorio a cubrir es tan amplio que las hace ineficaces. Además, por supuesto, de que no es la función del agricultor la de hacer de policía. El Seprona hace lo que puede, pero sucede lo mismo. No pueden abarcar con eficacia el territorio que deben proteger. La empresas de seguridad también ofrecen sistemas de vigilancia, pero los delincuentes ya son avezados inhibidores de sistemas electrónicos. En fin, mala solución para un problema que cada vez causa más perjuicio a más gente. Quizás, y solo es una opinión de quien no es policía ni agricultor, la solución esté en conseguir cortar la cadena de distribución, en los lugares de venta, más localizados o localizables. Si se dificulta la venta, el robo será menos rentable.

En otro orden de cosas, la Ministra de Medioambiente Cristina Narbona sigue con su particular cruzada contra el sector agrario. La semana pasada tuvo que echar atrás su propuesta del nuevo Plan Nacional de Residuos. Obligaba a reutilizar los envases al sector del vino, cuando ya llevan muchos años reciclando la mayoría con el mismo o mejor efecto medioambiental y todo un sistema logístico ya implantado. Esta semana a vueltas con el agua. Que las cifras de precio desalación del agua son mucho más altas de las anunciadas años ha, es bien sabido. Para amortiguar esta realidad cuantitativa acaba de afirmar que el precio de agua desalada es 500 veces más barata que la embotellada. Claro, y que la coca-cola y que un gin-tonic. Tampoco creo que los agricultores se hayan planteado el riego a base de botellines de vichí. Claro, que si la compara con la del agua trasvasada, la que por ahora no se moverá del Ebro, las cifras son bien diferentes. Si es que quien no se consuela es porque no quiere, y más con las fechas que corren.