CONTRADICCIONES AGROELECTORALES

Los programas políticos agrarios de los dos grandes contendientes de las próximas elecciones están sobre la mesa. Mientras el PP apuesta por el desacoplamiento total de las ayudas, el PSOE continúa intentando estirar las ayudas acopladas. De forma simplificada, una prioridad social frente a una económica. El PP también propone la derogación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, recién aprobada por el PSOE a cambio de crear una Secretaría de Estado con rango de Ministerio. Dos enfoques muy diferentes para conseguir la coordinación transversal de una compleja política de desarrollo rural. Un planteamiento en todo caso llamativo. Es cierto que se trata de una Ley sin desarrollar y con fundamentales carencias presupuestarias. No lo es menos que ha sido muy demandada y muy compleja su articulación y que, con carácter general, ha sido bien recibida. En vez de deshacer el camino andado, parecería más sensato aprovechar la nueva Secretaría para coordinar fondos interministeriales que permitieran ser eficaz a esta joven norma.

Además el tema del agua, donde el PSOE continúa apostando por su política de desalación, frente al desarrollo de los trasvases por los que aboga el PP. Narbona y Palop, Ministra de Medio Ambiente y Director General de Agua, ya han anunciado que el trasvase es la última solución, pero mucho antes se restringirá el agua de riego. ¿No sería más razonable que la última solución fuera reducir la capacidad productiva del sector primario y, al menos, la penúltima, los trasvases? Difícil de entender. Por otro lado, tanto Mariano Rajoy como Miguel Arias Cañete, de forma sorprendente, se han negado a afirmar que retomarán el trasvase del Ebro, pero tampoco han dicho lo contrario. Políticamente, dada la sequía que vive este año esta cuenca, parece que no es oportuno mencionarlo. Pero hay que mojarse, y más en un tema tan delicado, tal como han hecho con contundencia hasta estas últimas semanas.

En este contexto, el PSOE presenta en su programa electoral la propuesta de una nueva Ley del Régimen Jurídico de los Organismos Genéticamente Modificados, en la que dará prioridad a la salud pública y al equilibrio medioambiental. Eso y nada es lo mismo, aunque preocupa. La salud pública y el equilibrio ambiental son factores que conforman el esqueleto de todos los estudios y análisis científicos requeridos en la UE para la autorización de estas semillas, así como para la comercialización de los alimentos de los que forman parte. Son los más estrictos y rigurosos a nivel mundial. Informes, por cierto, que son ignorados de forma reiterada en las instituciones europeas responsables de su aprobación; e incluso tergiversados, como acaba de suceder en Francia. Una afirmación, no del que suscribe, sino de los propios científicos que realizaron el informe y que dio lugar a las últimas decisiones prohibitivas de la vecina Francia. En definitiva, esa Ley difícilmente será más restrictiva que el modelo actual europeo. Una oferta antieconómica, pero sin duda, políticamente correcta. El “apellido” de esta propuesta hace sospechar una vuelta de tuerca en este asunto, más del corte del Ministerio de Medioambiente, dirigido por Narbona, que del actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con una línea conservacionista, pero sin perder la referencia socioeconómica. Prueba de ello es que a finales de 2007 el MAPA abogaba por un marco jurídico relativo a cultivos modificados genéticamente, sin imposiciones, basado en la preferencia de los propios consumidores. Es decir, la oportunidad de consumidores y agricultores de elegir, justo lo que defienden los que abogan por el desarrollo de estas tecnologías dentro del encapsulado espacio biotecnológico europeo.