Los programas políticos agrarios de los dos grandes contendientes de las próximas elecciones están sobre la mesa. Mientras el PP apuesta por el desacoplamiento total de las ayudas, el PSOE continúa intentando estirar las ayudas acopladas. De forma simplificada, una prioridad social frente a una económica. El PP también propone la derogación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, recién aprobada por el PSOE a cambio de crear una Secretaría de Estado con rango de Ministerio. Dos enfoques muy diferentes para conseguir la coordinación transversal de una compleja política de desarrollo rural. Un planteamiento en todo caso llamativo. Es cierto que se trata de una Ley sin desarrollar y con fundamentales carencias presupuestarias. No lo es menos que ha sido muy demandada y muy compleja su articulación y que, con carácter general, ha sido bien recibida. En vez de deshacer el camino andado, parecería más sensato aprovechar la nueva Secretaría para coordinar fondos interministeriales que permitieran ser eficaz a esta joven norma.

Además el tema del agua, donde el PSOE continúa apostando por su política de desalación, frente al desarrollo de los trasvases por los que aboga el PP. Narbona y Palop, Ministra de Medio Ambiente y Director General de Agua, ya han anunciado que el trasvase es la última solución, pero mucho antes se restringirá el agua de riego. ¿No sería más razonable que la última solución fuera reducir la capacidad productiva del sector primario y, al menos, la penúltima, los trasvases? Difícil de entender. Por otro lado, tanto Mariano Rajoy como Miguel Arias Cañete, de forma sorprendente, se han negado a afirmar que retomarán el trasvase del Ebro, pero tampoco han dicho lo contrario. Políticamente, dada la sequía que vive este año esta cuenca, parece que no es oportuno mencionarlo. Pero hay que mojarse, y más en un tema tan delicado, tal como han hecho con contundencia hasta estas últimas semanas.

En este contexto, el PSOE presenta en su programa electoral la propuesta de una nueva Ley del Régimen Jurídico de los Organismos Genéticamente Modificados, en la que dará prioridad a la salud pública y al equilibrio medioambiental. Eso y nada es lo mismo, aunque preocupa. La salud pública y el equilibrio ambiental son factores que conforman el esqueleto de todos los estudios y análisis científicos requeridos en la UE para la autorización de estas semillas, así como para la comercialización de los alimentos de los que forman parte. Son los más estrictos y rigurosos a nivel mundial. Informes, por cierto, que son ignorados de forma reiterada en las instituciones europeas responsables de su aprobación; e incluso tergiversados, como acaba de suceder en Francia. Una afirmación, no del que suscribe, sino de los propios científicos que realizaron el informe y que dio lugar a las últimas decisiones prohibitivas de la vecina Francia. En definitiva, esa Ley difícilmente será más restrictiva que el modelo actual europeo. Una oferta antieconómica, pero sin duda, políticamente correcta. El “apellido” de esta propuesta hace sospechar una vuelta de tuerca en este asunto, más del corte del Ministerio de Medioambiente, dirigido por Narbona, que del actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con una línea conservacionista, pero sin perder la referencia socioeconómica. Prueba de ello es que a finales de 2007 el MAPA abogaba por un marco jurídico relativo a cultivos modificados genéticamente, sin imposiciones, basado en la preferencia de los propios consumidores. Es decir, la oportunidad de consumidores y agricultores de elegir, justo lo que defienden los que abogan por el desarrollo de estas tecnologías dentro del encapsulado espacio biotecnológico europeo.

Entre tanto debate sobre precios, crisis del sector, acciones de promoción de consumo, encarecimiento de los inputs o escasez de agua, el sector agrario se encuentra con un problema no nuevo, pero sí creciente. Se trata del robo en explotaciones agrarias. La ubicación aislada de las explotaciones, de los sistemas de riego o de los grupos electrógenos, entre otros, favorece el trabajo de los delincuentes, que han visto un filón, con poco riesgo. El precio del cobre, cada vez más elevado es además una golosina a la que no se pueden resistir. El sector ha llegado hasta a organizar cuadrillas de vigilancia, pero el territorio a cubrir es tan amplio que las hace ineficaces. Además, por supuesto, de que no es la función del agricultor la de hacer de policía. El Seprona hace lo que puede, pero sucede lo mismo. No pueden abarcar con eficacia el territorio que deben proteger. La empresas de seguridad también ofrecen sistemas de vigilancia, pero los delincuentes ya son avezados inhibidores de sistemas electrónicos. En fin, mala solución para un problema que cada vez causa más perjuicio a más gente. Quizás, y solo es una opinión de quien no es policía ni agricultor, la solución esté en conseguir cortar la cadena de distribución, en los lugares de venta, más localizados o localizables. Si se dificulta la venta, el robo será menos rentable.

En otro orden de cosas, la Ministra de Medioambiente Cristina Narbona sigue con su particular cruzada contra el sector agrario. La semana pasada tuvo que echar atrás su propuesta del nuevo Plan Nacional de Residuos. Obligaba a reutilizar los envases al sector del vino, cuando ya llevan muchos años reciclando la mayoría con el mismo o mejor efecto medioambiental y todo un sistema logístico ya implantado. Esta semana a vueltas con el agua. Que las cifras de precio desalación del agua son mucho más altas de las anunciadas años ha, es bien sabido. Para amortiguar esta realidad cuantitativa acaba de afirmar que el precio de agua desalada es 500 veces más barata que la embotellada. Claro, y que la coca-cola y que un gin-tonic. Tampoco creo que los agricultores se hayan planteado el riego a base de botellines de vichí. Claro, que si la compara con la del agua trasvasada, la que por ahora no se moverá del Ebro, las cifras son bien diferentes. Si es que quien no se consuela es porque no quiere, y más con las fechas que corren.

Han pasado más de tres años desde que el PSOE revocó el trasvase del Ebro y lo transformó en un plan de desaladoras. Se hicieron promesas en cuanto a su número, al volumen de agua desalada y a su precio. Pues hasta la fecha nada de nada. Muy pocas desaladoras, el volumen de agua muchísmo menor que el prometido y los precios disparados. Este programa dejaba demasiadas lagunillas, además bastante secas. Y mientras tanto el Ebro sigue siendo excedentario en determinadas épocas del año con superavits que deberían haber llegado a la cuenca mediterránea meridional. Que no habrían puesto en riesgo los caudales ecológicos ni productivos de este río. Llama la atención que sobre un problema tan sensible para toda España, todavía no se haya hecho un balance global. La Ministra de Medioambiente, Cristina Narbona, prefiere que la polémica se mantenga en las fronteras levantinas, pero el daño ya está hecho y alguien debe rendir cuentas. El agua desalada es sin duda una buena alternativa que se debe sumar a otras, mucho más eficaces, pero no puede ser la piedra angular de la recuperación hídrica de regiones enteras. Una realidad que ha quedado constatada. Se han desvanecido más de tres años y se ha perdido la oportunidad de incorporar un importante valor añadido a la economía española. No hay que olvidar el relevante peso que tiene la huerta valenciana, murciana y del levante andaluz en el PIB nacional y en nuestro balance exterior. Sería un mal menor si en la nueva legislatura, sea de un color u otro, se liberaran ciertas esclavitudes políticas y se volviera a potenciar un proyecto que nunca debió ser derogado, el trasvase del Ebro. Más vale tarde que nunca.