En plena campaña electoral, las propuestas agrarias de los dos principales partidos, han sido poco comentadas. Por una lado, el PSOE continúa con su cerrazón con el tema del agua, y cree que la desalación va a solucionar el problema del agro levantino. Sus promesas en la anterior campaña han sido incumplidas casi en su totalidad, así que la desconfianza es más que comprensible. Además, los costes de las desaladoras se han repercutido en el precio de la escasa agua obtenida. El PP dió un buen susto a buena parte del agro mediterráneo, cuando no se atrevió a anunciar que retomaría el trasvase, como tampoco lo hizo Miguel Arias Cañete en la Trilla de Punto Radio. Pecó de prudente, al entender que en este año de sequía era políticamente incorrecto mencionar el trasvase del Ebro. Al final tuvo que rectificar y reconocerlo, porque en este tema, hay que mojarse. Por otro lado, no se asusten los aragoneses ni catalanes. Los que hemos tenido oportunidad de analizar este proyecto, hemos comprobado como en épocas de escasez no se hará uso de este agua. Existen unos umbrales, bastante por encima del caudal ecológico, por debajo de los cuales el agua no se trasvasa.

En otro orden de cosas, el desacoplamiento total de las ayudas es una prioridad para el PP, con lo que busca facilitar la salida del sector a los productores menos rentables y consolidar a los más operativos. El PSOE no lo ve tan claro, dados los problemas sociales que estiman se pueden producir.

También está la controvertida y costosa Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. El PP apuesta por derogarla según llegue al gobierno y suplirla por una Secretaría de Estado. Una Ley que ha costado mucho conseguir, que en general ha sido bien recibida y que todavía no ha sido desarrollada. Lo que sin duda va a ser muy complejo dado que participan once ministerios. Una decisión radical que merecería una reconsideración, aunque eso sí, la Secretaría es sin duda, una buena estrategia que podría canalizar la eficacia y dotación de la Ley. El PP afirma que no está dotada con recursos presupuestarios y el PSOE que tiene reservada una financiación abundante y extraordinaria. ¿A quién creer?

Otro asunto es la futura Ley que regulará los transgénicos, propuesta por el PSOE. Según este partido, se basará en criterios ambientales y de salud. De Perogrullo, pero no se olviden de la economía. Esperemos que no se convierta en un argumento para los ecologistas más extremos que han conseguido dejar a la Unión Europea en la cola mundial de estas tecnologías. Habrá que confiar que predominen los criterios técnicos y científicos, en vez de los compromisos políticos que hasta la fecha, han ralentizado un desarrollo tan necesario como inevitable.

En definitiva, el PSOE, contra lo que dijo Rajoy en el último debate, no lo ha hecho tan mal, al menos en su política agraria, que no hay que olvidar se cocina en Bruselas. Sí es cierto que al principio de legislatura, mientras Moraleda estuvo al mando de la Secretaría General de Agricultura, las negociaciones en Bruselas fueron caóticas, rozando lo grotesco. Fue hace tres años. Rajoy tiene razón, pero sin perder la referencia temporal.

Los programas políticos agrarios de los dos grandes contendientes de las próximas elecciones están sobre la mesa. Mientras el PP apuesta por el desacoplamiento total de las ayudas, el PSOE continúa intentando estirar las ayudas acopladas. De forma simplificada, una prioridad social frente a una económica. El PP también propone la derogación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, recién aprobada por el PSOE a cambio de crear una Secretaría de Estado con rango de Ministerio. Dos enfoques muy diferentes para conseguir la coordinación transversal de una compleja política de desarrollo rural. Un planteamiento en todo caso llamativo. Es cierto que se trata de una Ley sin desarrollar y con fundamentales carencias presupuestarias. No lo es menos que ha sido muy demandada y muy compleja su articulación y que, con carácter general, ha sido bien recibida. En vez de deshacer el camino andado, parecería más sensato aprovechar la nueva Secretaría para coordinar fondos interministeriales que permitieran ser eficaz a esta joven norma.

Además el tema del agua, donde el PSOE continúa apostando por su política de desalación, frente al desarrollo de los trasvases por los que aboga el PP. Narbona y Palop, Ministra de Medio Ambiente y Director General de Agua, ya han anunciado que el trasvase es la última solución, pero mucho antes se restringirá el agua de riego. ¿No sería más razonable que la última solución fuera reducir la capacidad productiva del sector primario y, al menos, la penúltima, los trasvases? Difícil de entender. Por otro lado, tanto Mariano Rajoy como Miguel Arias Cañete, de forma sorprendente, se han negado a afirmar que retomarán el trasvase del Ebro, pero tampoco han dicho lo contrario. Políticamente, dada la sequía que vive este año esta cuenca, parece que no es oportuno mencionarlo. Pero hay que mojarse, y más en un tema tan delicado, tal como han hecho con contundencia hasta estas últimas semanas.

En este contexto, el PSOE presenta en su programa electoral la propuesta de una nueva Ley del Régimen Jurídico de los Organismos Genéticamente Modificados, en la que dará prioridad a la salud pública y al equilibrio medioambiental. Eso y nada es lo mismo, aunque preocupa. La salud pública y el equilibrio ambiental son factores que conforman el esqueleto de todos los estudios y análisis científicos requeridos en la UE para la autorización de estas semillas, así como para la comercialización de los alimentos de los que forman parte. Son los más estrictos y rigurosos a nivel mundial. Informes, por cierto, que son ignorados de forma reiterada en las instituciones europeas responsables de su aprobación; e incluso tergiversados, como acaba de suceder en Francia. Una afirmación, no del que suscribe, sino de los propios científicos que realizaron el informe y que dio lugar a las últimas decisiones prohibitivas de la vecina Francia. En definitiva, esa Ley difícilmente será más restrictiva que el modelo actual europeo. Una oferta antieconómica, pero sin duda, políticamente correcta. El “apellido” de esta propuesta hace sospechar una vuelta de tuerca en este asunto, más del corte del Ministerio de Medioambiente, dirigido por Narbona, que del actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con una línea conservacionista, pero sin perder la referencia socioeconómica. Prueba de ello es que a finales de 2007 el MAPA abogaba por un marco jurídico relativo a cultivos modificados genéticamente, sin imposiciones, basado en la preferencia de los propios consumidores. Es decir, la oportunidad de consumidores y agricultores de elegir, justo lo que defienden los que abogan por el desarrollo de estas tecnologías dentro del encapsulado espacio biotecnológico europeo.