Esta semana el Diario Independent ha publicado las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) percibidas en Reino Unido. Destacan los más de 550.000 euros que ha recibido en 2007 la Reina Isabel II y los más de 710.000 euros que han ido a engrosar las arcas del Duque de Westminster, considerado la persona más rica de Inglaterra. El sector agrario lleva demasiadas batallas perdidas en la justificación de una política que tiene mucho sentido. Pero no solo hay que ser la mujer del Cesar sino parecerlo. El mundo agrario, sin duda es la mujer del Cesar, pero más claro todavía es lo poco que lo aparenta. Casos como éste no ayudan nada. Pero que no haya confusión. Cualquier rico hacendado tiene el derecho y, es más, la obligación de percibir las ayudas PAC. Hoy por hoy, el sector agrario europeo, de calidad contrastada y regulada, con normas rígidas de bienesatar animal, con estrictos requisitos sociolaborales, con sistemas de control exhaustivos, es sin duda mucho más costoso que el de otras muchas economía menos desarrolladas y menos exigentes con la calidad y la salubridad. Eso hay que pagarlo. Si no fuera así, las grandes empresas agrarias de estos terratenientes dejarían de funcionar, con todos lo costes sociales y económicos que ello genera no solo para el titular, sino para los cientos y miles de trabajadores. Eso sin contar, que llevado al extremo, supondría un desabastecimiento de alimentos con máxima garantía de calidad.

Caso aparte es el de la Reina Isabel II. Un terrateniente vive de lo que ha heredado, de su gestión y de lo que gana, aunque sea mucho. La realeza tiene otra forma de ganarse la vida y, por supuesto, otro fin en la sociedad. También, otra forma de obtener ingresos alejada de los criterios mercantiles, que proviene de los presupuestos nacionales, que salen de los bolsillos del ciudadano.

Para terminar, otra gran paradoja: los ingleses son los mayores detractores de la política común europea y, en particular de la agraria. ¿Será por esto?

El sector remolachero está sufriendo un proceso de reestructuración, síntoma de una política agraria acelerada. Unos últimos años salpicados de decisiones liberalizadoras han llevado al empresario agrario a soportar un modelo de gestión inimaginable en otros sectores. En este devenir se han olvidado, o al menos no se han priorizado, dos aspectos clave: mantener un alto nivel de independencia alimentaria y conseguir garantizar su seguridad para la salud pública. Azucarera Ebro ha hecho público su plan de reestructuración, que alcanza casi el 48 por ciento de su cuota. Junto con las otras azucareras se prevé supere el cincuenta por ciento de abandono, mínimo exigido por Bruselas para percibir los tan necesitados seis euros por tonelada. Ahora pendiente del obligado acuerdo entre ACOR y Azucarera Ebro, los remolacheros que ya han abandonado serán beneficiarios del complemento de ayuda al abandono que se aplicará con efecto retroactivo. Al final, como suele pasar, los pocos productores que quedan, sobre todo en Andalucía, porque en Castilla y León habrá más continuidad, estos agricultores continuarán hasta 2014, a ver que pasa luego. Los que han abandonado se llevan unos cuartos que completarán con otras producciones, sujetas también a muchas incertidumbres. Es el sino de la agricultura europea, necesariamente intervenida, con sus ventajas y sus inconvenientes.